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Mayo 26, 2020

¿Es necesaria una reforma del sector energético?

El sector energético está desordenado desde hace al menos 20 años y la pandemia solo lo expone tal como es. Si algo ha quedado claro a lo largo de la última década es que no puede funcionar de manera eficiente en las condiciones en las que se encuentra y que se necesita una reforma integral que debemos comenzar a pensar rápidamente.

Si hacemos un muy breve pantallazo veremos que hoy el sector petrolero se rige por una batería de medidas establecidas por Decreto: precio sostén 30% mayor al internacional, imposibilidad de importación de crudo para refinadoras, retenciones cero a la exportación, restricciones en el mercado de cambios y congelamiento del precio de los combustibles líquidos. Este conjunto de medidas es lo que constituye el denominado “barril criollo” y no es una novedad ya que, en distintas versiones, estuvo vigente la mayor parte del tiempo en la última década. Por otra parte, una importante porción de la producción de gas natural goza de beneficios extraordinarios otorgados a través de subsidios directos que sumaron casi u$s10.000 millones a moneda constante entre 2013 y 2019.

Uno de los últimos planes de estímulo incluso tiene notables consecuencias en las subastas de gas natural que, en los últimos 20 años, ha sido el mecanismo más transparente de fijación de precios que se ha implementado. En el sector eléctrico existen problemas estructurales en toda la cadena, con empresas de servicios públicos al borde del quebranto y un marco regulatorio que no se aplica.

En particular, es destacable la situación de CAMMESA que no cumple el rol para la que fue creada como organismo encargado del despacho: es una sociedad sin fines de lucro que abastece de gas a generadores, otorga financiamiento a distribuidores y canaliza los subsidios del tesoro Nacional. Es claro que el sector eléctrico debe tener una nueva Ley que lo regule. Los entes reguladores se encuentran nuevamente intervenidos y, según las recientes medidas, da la impresión de que se extralimitan en sus funciones bajo el paraguas del Decreto de emergencia.

Este desorden reinante en materia de energía es amplio y diverso, y deja como consecuencia un sector sin mercados, y por lo tanto sin precios, con regulación laxa y con un nivel de discrecionalidad alarmante que deriva con seguridad en prácticas nocivas para la industria. La Argentina debe abandonar el rol pasivo del Estado en cuanto a la estrategia energética y también sobre la regulación y ordenamiento del sector.

Fuente: Ámbito Financiero.